domingo, 8 de noviembre de 2009


“El Neoliberalismo no es una teoría del desarrollo, el neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos“ (Fidel Castro)

El Neoliberalismo ha sido la ideología hegemónica en materia económica desde el comienzo de la década de 1980. Desde el inicio del nuevo siglo, sin embargo, la intrínseca irracionalidad del neoliberalismo, su fracaso en promover el crecimiento económico de los países en desarrollo, su tendencia a profundizar la concentración del ingreso y a aumentar la inestabilidad macroeconómica (demostrada por las continuas crisis financieras de los 90), constituyen indicadores de su agotamiento. El castillo de naipes neoliberal, que por algunos años ofreció cierto grado de buen rendimiento en cuanto al aumento de los valores macroeconómicos a nivel internacional se refiere, ha comenzado a derrumbarse, víctima de sus propios errores, desde su misma base: los países capitalistas desarrollados. Pero, como siempre ocurre en estos casos, son aquellos países subdesarrollados situados en la periferia del sistema los que en mayor medida están teniendo que soportar los efectos de la actual crisis económica capitalista generada por la especulación y la avaricia neo-liberal.

Tras décadas de imposiciones neoliberales a las políticas de desarrollo de estos países (vía BM y FMI), con unos resultados, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito de los índices macroeconómicos internacionales, más bien modestos, la llegada de la crisis ha vuelto a poner de manifiesto la insostenibilidad del paradigma neoliberal como modelo de desarrollo para los países situados en la periferia del sistema. Es ahora cuando la ineficiencia de estas políticas, así como lo inadecuado de sus planteamientos para con el papel que el Estado debe jugar en el crecimiento de estos países empobrecidos, se ha ejemplificado con toda claridad. Incluso los logros alcanzados en los últimos años, tras la aplicación a escala mundial de toda una serie de medidas destinadas a alcanzar los Objetivos del Milenio (ONU, 2000), se están viendo ahora amenazados por los efectos de la crisis actual. Lo que para occidente es básicamente una crisis económica en el ámbito financiero que ha acabado por repercutir en la economía real con resultados no poco preocupantes para sus clases trabajadoras, en los países empobrecidos se ha destapado en toda su crudeza como una crisis que abarca una triple dimensión: financiera, energética y alimenticia, y que está conduciendo a sus gentes a situaciones realmente trágicas. La pobreza, el hambre, el desempleo, en pocas palabras, la falta de alternativas reales para una vida digna, están alcanzando ahora cifras nunca vistas en la historia. Todo ello a pesar de que los apologetas del neoliberalismo siguen fieles a su discurso según el cual “para cualquier observador más o menos lúcido de lo que ha ocurrido con las economías estatizadas y el intervencionismo estatal, es inevitable reconocer que sólo una economía abierta trae desarrollo y progreso” (Vargas Llosa, 2009).

Las evidencias, podríamos responder, sugieren justamente lo contrario: que si tras tres décadas de aplicación sistemática de los postulados neoliberales en los países empobrecidos, los índices de pobreza, de desigualdad social y, sobre todo, de acumulación del capital en cada vez menos manos, no han hecho sino aumentar, no será, pues, el neoliberalismo quien traiga desarrollo y progreso para los países empobrecidos de la periferia capitalista. El neoliberalismo, como mucho, traerá para estos países el desarrollo de la dependencia y la explotación, el desarrollo del subdesarrollo.

En este artículo se hace una revisión de los efectos que las políticas neoliberales han tenido para los países empobrecidos de la periferia, a la vista de los datos actuales en medio de la crisis global capitalista. Los resultados son del todo esclarecedores. El Neoliberalismo para los países en desarrollo es igual, entre otras calamidades, a más miseria, más desempleo, más pobreza, más hambre, más endeudamiento con el exterior, más desigualdades sociales y más concentración de la riqueza en manos de los poderosos países del Norte y sus clases más privilegiadas, que no son precisamente sus clases trabajadoras. Estamos entonces, qué duda cabe, si hacemos un análisis conjunto de todos los datos que se verán en el artículo, ante lo que podemos considerar la culminación de la historia de un fracaso anunciado: la historia del neoliberalismo como paradigma para el desarrollo de los países empobrecidos, por más que, como se ha dicho, los apologetas de estas doctrinas económicas sigan tratando por todos los medios de convencernos de lo contrario.

La conclusión final también es sencilla: los pueblos empobrecidos tienen que abandonar desde ya el neoliberalismo y apostar decididamente por modelos alternativos para el desarrollo. Modelo que deben ir más allá de los estrechos márgenes otorgados por el capitalismo. Modelos que han de avanzar por la senda del desarrollo auto-centrado y el socialismo. No queda otra.

Pueden leer y descargar el artículo completo en la siguiente dirección:

http://www.scribd.com/doc/21977300/Neoliberalismo-y-desarrollo-la-historia-de-un-fracaso-anunciado

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=94416&titular=neoliberalismo-y-desarrollo-la-historia-de-un-fracaso-anunciado-

jueves, 1 de octubre de 2009

Huele a pantomima fascista en Honduras


El pasado domingo 27 de septiembre, en horas de la tarde, la prensa hondureña daba a conocer al mundo la puesta en marcha en aquel país de un Decreto Gubernamental que anulaba las principales garantía constitucionales de las que hasta ese momento (supuestamente) gozaban los ciudadanos y ciudadanas de la nación. Honduras pasaba a ser (oficialmente) un Estado fascista. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y de asociación, la libre circulación, la libertad de prensa, el derecho a no ser detenido de manera arbitraria y sin acusación alguna por la policía, etc. pasaban a quedar en suspenso por un periodo de 45 días desde la entrada en vigor del Decretazo fascista. El Decreto fue publicado en la Gaceta oficial de Honduras a fecha del 26 de septiembre, aunque había sido firmado por el presidente fascista y sus secuaces cuatro días antes. Todo el proceso se llevó absolutamente en silencio y de espaldas a la ciudadanía. El mundo entero, como no podía ser de otra forma, quedaba escandalizado con la medida del gobierno golpista, atónito ante la vuelta indisimulada del fascismo al poder en un país de América Latina. Voces de protesta surgieron desde todos los rincones del planeta, desde la OEA a la UE, pasando por los EEUU y, por supuesto, todos los países presentes en la II Cumbre del ASA (América del Sur-África). ¿Cómo es posible que en esas condiciones se puedan celebrar unas elecciones democráticas en Honduras? Fue la pregunta más planteada por buena parte de la diplomacia internacional una vez hubieron conocido la noticia, especialmente entre aquellos países menos beligerantes con el régimen dictatorial del señor Micheletti. Poco importaba el carácter fascista que se esconde indisimuladamente tras el mencionado Decreto, poco importaban los Derechos Humanos o la situación de extrema indefensión en la que quedaban a partir de ese momento todos y cada uno de los partidarios de la vuelta al orden constitucional y democrático en Honduras (sean o no seguidores del Presidente Zelaya), lo importante, al parecer, era que el Estado de Sitio impuesto por Micheletti comprometía la legitimidad de las elecciones que deben ser celebradas el próximo Noviembre en el país.

Algo huele a podrido en todo esto, pensé. ¿Qué necesidad tiene Micheletti de sacar adelante un Decreto de este tipo cuando desde el mismo momento en que los militares derrocaron por la fuerza al legítimo presidente del país, los Derechos Humanos, políticos y constitucionales de la ciudadanía hondureña, y especialmente de aquella parte de la ciudadanía que forma parte de la oposición al Golpe, han sido sistemáticamente conculcados siempre que al Gobierno golpista, los militares y/o la Policía les ha venido en gana?, ¿para qué se va a exponer al escarnio público del mundo entero cuando desde el mismo momento en que tomó el poder ha hecho y deshecho a su antojo, ha perturbado las garantías constitucionales cuando lo ha creído oportuno y ha sometido a la oposición a un trato represivo y dictatorial?, ¿qué necesidad tiene de ello, y además justo en este momento en que el mundo entero tiene sus ojos puestos en Honduras?, ¿No le bastaba con seguir aplicando sus medidas dictatoriales como lo ha venido haciendo hasta ahora y tenía que complicarse la vida para dejar claro y por escrito al mundo entero que estaba actuando como un vil fascista?, ¿qué beneficio puede sacar Micheletti de todo esto? Porque, hasta el momento, cuando ha querido reprimir, ha reprimido; cuando la policía o el ejército han tenido que detener, torturar e incluso asesinar a los ciudadanos en oposición al golpe, lo han hecho; cuando han tenido que sacar del aire a medios de comunicación o han tenido que tomar por la fuerza sus instalaciones, lo han hecho. Entonces, ¿para qué complicarse la vida con un Decreto Gubernamental que simplemente les va a permitir hacer legalmente lo que hasta este momento han venido haciendo cuando han querido sin necesidad de estar en vigencia este Decreto?, ¿no había aprobado ya en su momento el Congreso Nacional un Decreto muy similar a éste que anulaba también las garantías constitucionales de la ciudadanía hondureña?, entonces, ¿para qué esta pantomima fascista?, ¿para qué dar mayor cobertura legal a unos actos que ya la policía, el ejército y el propio gobierno vienen haciendo con toda impunidad desde el mismo día del Golpe, y que ahora con este Decreto gubernamental únicamente iban a conseguir atraer la atención del mundo en forma de confirmación de todas las tropelías dictatoriales que están cometiendo desde el pasado 28 de junio? No creo que tengan un pelo de tontos, no creo que se quieran complicar innecesariamente la vida, algo deben estar tramando estos fascistas, pensé. En menos de una semana mis sospechas parecen confirmarse.

Ya desde la investidura del golpista, Honduras ha vivido en un Estado de Sitio constante, con Toques de queda continuados en los cuales los derechos constitucionales de la población quedaban igualmente en suspenso. El día 1 de Julio, tres días después del Golpe, el Congreso aprobaba, a instancias del presidente golpista, un decreto legislativo que anulaba las garantías constitucionales de la ciudadanía mientras durasen los Toques de queda impuestos por el gobierno fascista. Que se sepa, aquel Decreto no ha sido derogado hasta la fecha. El Decreto fue aprobado en un solo debate (ya que se mocionó para dispensar los primeros dos debates) por los diputados y diputadas al Congreso Nacional, a excepción del partido Unificación Democrática (UD). Los derechos constitucionales suspendidos en aquel momento por la Cámara Legislativa fueron el 71, 78, 79, 81 y 99 de la Constitución de la República. Es decir, prácticamente los mismos que ahora han sido puestos en suspenso por el Decreto gubernamental de Goriletti: 69, 72, 78, 81, 84. Han cambiado el artículo 71 (Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de veinticuatro horas, sin ser puesta a la orden de autoridad competente para su juzgamiento. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de seis días contados desde el momento en que se produzca la misma) por el 69 (La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente), que obviamente implica el derecho a violar la libertad personal mediante arresto por el tiempo que el gobierno de facto considere necesario. Se concreta además el artículo 79 (Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial), en el artículo 78 (Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres), que obviamente son artículos casi redundantes. Y el artículo 99 (El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad), queda sometido por la suspensión del artículo 84 (Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley), ya que el poder detener a cualquier persona sin mandato escrito de ningún tipo, implica obviamente el poder hacerlo en su casa o en cualquier otro lugar del país, quedando además justificada tal actitud por la objeción que se expresa como tal en el artículo 99 (No obstante, -el domicilio- puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad). Por tanto, con este nuevo Decreto, no cambia nada, salvo que se da nueva cobertura legal a las medidas fascistas aplicadas por el Gobierno de Goriletti, con apoyo del Congreso Nacional y de las Fuerzas Armadas. Honduras vivía ya en una dictadura antes de la aprobación del Decreto de Micheletti, y lo sigue haciendo igualmente, ahora de manera oficial, tras la aprobación de éste. Nada ha cambiado a ese respecto, salvo que ahora el rechazo masivo al Decreto del Gobierno ha aumentado aún más la presión internacional en contra de Micheletti y de su gobierno golpista.

Como ya he dicho, esto en un principio, si se piensa bien, podría resultar paradójico. Un gobierno que actúa de manera fascista, que reprime, tortura y asesina, que toma medios de comunicación por la fuerza de las armas, que impide la libre circulación de los ciudadanos cuando lo considera oportuno, y que ahora, a pesar de que ya cuenta con un rechazo internacional masivo, tiene la necesidad de sacar un decreto que legaliza todas estas actitudes aún más claramente de lo que ya lo estaban por el Decreto Legislativo del 1 de Julio, y por las actuaciones fácticas del gobierno, la policía y las fuerzas armadas desde el 28 de junio a esta fecha. Raro, raro, raro. Pero el enigma comenzó a verse más claro tan sólo un día después del conocimiento a nivel internacional de la puesta en marcha del Decreto Gubernamental. En esa fecha, el Presidente golpista aparecía en rueda de prensa junto al también golpista Presidente del Congreso Nacional, Alfredo Saavedra. Micheletti dijo entonces estar dispuesto a escuchar las peticiones del Presidente del Congreso Nacional, así como los diferentes representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria, acerca de la derogación del Decreto fascista. "Son ellos con este servidor los que lo vamos a derogar, si es necesario", dijo Micheletti. ¿La razón de este aparente cambio de actitud? No perturbar el desarrollo del proceso electoral, según le habían señalado los diputados que sería el caso de seguir vigente el Decreto por los 45 días que se estipulan en él. "Voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, con el Tribunal Supremo Electoral, incluso, si hay posibilidad de hablar con los candidatos presidenciales (...) y así tomar la decisión más conveniente a los intereses de nuestra patria que (...) será derogar ese decreto en el momento más oportuno (...) porque en este país hay división de poderes, hay unos poderes independientes que funcionan", dijo Micheletti. ¿Lo van pillando?

Dos días después de esta rueda de prensa, era el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el encargado de pedir al Presidente golpista que se derogara el Decreto Gubernamental. La solicitud se sumaba a las demandas planteadas por el Parlamento, los candidatos presidenciales y otros sectores fieles al gobierno de facto y fue oficializada por los magistrados del TSE David Matamoros y Enrique Ortez Sequeira, en una reunión que mantuvieron con Micheletti en la Casa Presidencial. Matamoros explicó, en una rueda de prensa al término de la reunión, que pidieron a Micheletti la eliminación del decreto para que así no haya duda sobre la legalidad de los comicios planteados para el próximo 29 de noviembre. Por su parte, Ortez Sequeira indicó que se pidió al gobernante de facto que "recapacite", e insistió, al igual que Matamoros, en que el TSE garantiza un proceso electoral "transparente". En la misma rueda de prensa, Micheletti dijo que accedía a analizar la solicitud y volvió a insistir en que el decreto será "derogado de la manera oportuna", apuntando que continuará las consultas al respecto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos del Estado con el fin de tomar una decisión "consensuada". ¿Lo pillan ya?

La cosa es clara. Solo falta el pronunciamiento del poder Judicial. En los próximos días la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de este poder del Estado, se pronunciará exactamente en los mismos términos que lo han hecho ya los candidatos presidenciales, el presidente del Congreso y los representantes de los partidos políticos en el mismo, y finalmente el Tribunal Supremo Electoral, todos ellos, huelga decirlo, implicados hasta las cejas en el Golpe de Estado. Es decir, en los próximos días, seguramente mañana o pasado a más tardar, la Corte Suprema Electoral anunciará también su petición al Presidente golpista para que el Decreto sea derogado y las elecciones se puedan celebrar con "normalidad". Se habrá cerrado así el círculo de los "independientes" poderes del Estado. Se convocará una nueva rueda de prensa, y Micheletti, tras proclamar a los cuatro vientos que ha sido una decisión consensuada con los otros dos poderes del Estado, el Tribunal Electoral y los candidatos presidenciales de los partidos golpistas que lideran las encuestas, anunciará la derogación del Decreto. Entonces comenzará la segunda parte del Show, seguramente escrito en su totalidad con guión hollywoodiense made in USA.

Es decir, a partir de ese momento, pongo la mano en el fuego, se tratará por todos los medios de convencer al mundo acerca de la legalidad y la transparencia de las elecciones de Noviembre, como así demostraría el perfecto funcionamiento de la democracia en Honduras, un funcionamiento que habría quedado demostrado igualmente por la negociación y posterior consenso habido en el país entre los diferentes poderes "independientes" para derogar el Decreto del Presidente a petición de los demás poderes del Estado. Hagan sus apuestas, les aseguro que no pierden.

Con toda esta pantomima, pues, no se estaría buscando otra cosa que dotar de legitimidad a las elecciones de Noviembre, para que de esta manera el candidato que salga electo de las mismas pueda ser reconocido por la Comunidad Internacional. EEUU, Canadá, Bahamas, Perú, Panamá y Costa Rica, además de Israel y Taiwan (que ya reconocen al gobierno golpista actual), ya han manifestado públicamente que valorarán la posibilidad de reconocer al nuevo Presidente una vez se hayan celebrado las elecciones de Noviembre, o, lo que viene a ser los mismo, ya han anunciado que reconocerán al Presidente que salga de esas elecciones, únicamente necesitan apoyarse en cualquier tipo de argumento legal, cualquier excusa, para hacerlo. ¡Y qué mejor excusa que el argumento del funcionamiento de los tres poderes de manera independiente!, un argumento que, por otro lado, ha sido repetido hasta la saciedad, a modo de colorario, por el Presidente golpista y sus secuaces desde el mismo día en que se llevó a cabo el Golpe de Estado militar.

Los gobiernos partidarios del derrocamiento de Zelaya, se hayan manifestado a favor o no de su destitución durante estos meses, simplemente necesitan buscar argumentos para legitimar su reconocimiento al Presidente que salga electo en Noviembre, y aquí Micheletti y sus compinches se los están proporcionando, seguramente con acuerdo previo en el diseño de la estrategia a seguir. Los golpistas no son tontos y saben que necesitan credibilidad a cualquier precio. Quienes los apoyan, por su parte, tampoco son tontos y saben que necesitan excusas de cualquier tipo, a poder ser con hechos sobre la mesa, para poder justificar su decisión ante el mundo. Lo que está ocurriendo ahora, por macabro que resulte decir esto de una situación como la que se está viviendo en Honduras estos días, es pura diplomacia internacional, es el fruto de la estrategia diseñada por los aliados en la sombra de Micheletti para legitimar, no ya su gobierno (pues saben que eso es imposible), sino el futuro gobierno que salga de las elecciones ilegítimas de Noviembre, una diplomacia que, eso sí, y como siempre, vive de espaldas a los problemas, demandas y necesidades democráticas de los pueblos oprimidos del Sur.

Porque es el pueblo hondureño el que ha sufrido en sus propias carnes la represión fascista de Micheletti y su gobierno. Porque es el pueblo hondureño el que ha tenido que soportar las torturas, los asesinatos, la limitación de derechos y la persecución política. Porque es el pueblo hondureño el que ha tenido que vivir aterrorizado por los toques de queda impuestos por el gobierno fascista. Porque es el pueblo hondureño el que ha tenido que sufrir el cierre de medios de comunicación independientes, los estadios a modo de campos de concentración improvisados, los ataques con bala viva de la policía y el ejército, los retenes en las carreteras, las detenciones arbitrarias, en fin, todas las atrocidades fascistas cometidas por los golpistas desde el mismo día en que el Presidente Zelaya fue secuestrado y sacado del país por los militares, en connivencia con EEUU y sus también militares en el país (está ya demostrado, y así lo confirmó el propio gobierno de los EEUU, que el avión que sacó al presidente del país hizo escala en la base militar que los gringos tienen en Honduras).

Porque es también el pueblo hondureño el que ha sido privado de su legitimo derecho a ser gobernado por el Presidente que ellos eligieron durante el tiempo que estipula la Constitución del país para ello. Porque es el pueblo hondureño el que ha visto como el fascismo les ha pasado por encima, como los militares han tomado el poder del país y han hecho y deshecho a su antojo en connivencia con Goriletti. Porque es el pueblo hondureño el que tendrá que soportar la celebración de unas elecciones ilegitimas en medio de un gobierno dictatorial y de un Estado de Sitio constante, sea oficializado vía Decreto o no. Porque es el pueblo hondureño, en definitiva, el que votó por un presidente que ha sido derrocado por la fuerza de las armas, y al que ahora quieren sustituir, con el apoyo internacional de los de siempre, por un presidente salido de unas elecciones ilegítimas que los golpistas tratan por todos los medios de convertir en unas elecciones normalizadas, limpias y transparentes, ja. Normales como los campos de concentración que han instaurados los golpistas cuando les ha venido en gana, limpias como las manos manchadas de sangre de los militares y policías que han reprimido al pueblo durante estos meses y transparentes como la tapa del ataúd donde han sido enterrados los muertos de la represión fascista. Así de normales, limpias y transparentes van a ser estas elecciones.

Porque será además el pueblo hondureño el que tenga que soportar un mandato gubernamental no salido de la soberanía popular, sino del control fascista del Estado por parte de los golpistas. ¿O alguien cree después de todo lo que ha ocurrido qué el gobierno fascista de Micheletti, el actual Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y los Congresistas golpistas que falsificaron una supuesta carta de renuncia del señor Zelaya, tienen la más mínima credibilidad a la hora de garantizar "libertad" y "transparencia" en unas elecciones celebradas bajo el mandato del actual gobierno fascista y con las Fuerzas Armadas gobernando de facto el país? Porque esa es otra, si hay un presidente de facto ahora mismo en Honduras, no es el señor Micheletti como se empeñan en llamarlo una y otra vez desde la prensa occidental pro golpista, sino el señor Romeo Vázquez. El señor Micheletti es simplemente un Presidente golpista, la cabeza visible de un gobierno bajo el cual jamás se podrán celebrar unas elecciones creíbles, ni libres, ni transparentes, ni democráticas. Por más que con sus estrategias bien diseñadas desde probablemente los EEUU, como ésta que aquí denuncio, traten de demostrar lo contrario. La dictadura sigue siendo dictadura. Y ninguna dictadura podrá garantizar jamás legitimidad electoral mientras los opositores al gobierno están siendo asesinados, silenciados, torturados, reprimidos de todas las maneras habidas y por haber en las calles. Espero que no lo olvide la comunidad internacional.

Aunque me temo que muchos países, con EEUU a la cabeza, ya lo tienen claro desde el 28 de junio pasado. Sólo era cuestión de tiempo esperar el momento para legitimar de una u otra manera el fascismo golpista hondureño. Y ese momento ha llegado. Se derogará el Decreto de Micheletti y con ello la Comunidad Internacional dará legitimidad al fascismo hondureño y sus elecciones fraudulentas. Quien nace puta, se muere puta, dicen en mi pueblo. Y la Comunidad Internacional, eufemismo para hablar de EEUU y sus aliados, puta nació y puta morirá. Lo sabemos de sobra.

Salvo, claro está, que antes de Noviembre alguien pueda remediarlo devolviendo a Zelaya al poder, lo cual veo ya casi imposible. Pero nada es descartable cuando hay un pueblo en lucha, con la valentía, la honestidad, la decisión y la bravura del pueblo hondureño. Esa es la esperanza que me queda.

jueves, 17 de septiembre de 2009

Consumismo es muerte


Anoche la vi pasar.
Caminaba despacio
Parecía aletargada
como si ya estuviese dormida.
Sin ritmo, sin gracia
sin transmitir nada;
nada más que desconsuelo.
Era la vida.

Pude incluso escuchar
el terrible vaivén de su respirar
ahogada entre susurros.
Buscaba y no encontraba aire puro.
Era la vida,
la vida en moribundo.

También lloraba,
lloraba amargamente.
¿Dónde está el alma de mis hijos?
Preguntó.
¿Por qué a nadie
le preocupa mi decadencia?
Era la vida,
la vida sin presencia.

La noté hundida,
hundida en la miseria
rota por el dolor.
Quiso ponerle precio a su dignidad,
Después no tuvo para pagarlo.
Era la vida,
la vida anquilosada,
arruinada.

Finalmente cayó.
Su frágil cuerpo no pudo soportar más
el peso de su sufrimiento.
Cayó redonda al suelo y calló para siempre.
Era la vida,
la vida que se pierde.

Ya está muerta la vida.
La hemos matado entre todos.
Muerta por la imagen
por los estereotipos
por las apariencias
por el consumismo.
Muerta con la anulación
del ser por el tener.
Un suicidio.

Era la vida,
la vida que un día vivimos
tal vez sólo en sueños.
O Tal vez ni eso.
Tal vez ya nacemos muertos.

lunes, 7 de septiembre de 2009

Andaluces resignaros


La bandera blanca y verde
Vuelve a mancharse de sangre
Echan le sal en sus ojos
Y en sus heridas, vinagre.

Andaluces resignaros
A vuestra eterna condena
Sea por Andalucía presa
De España y de sus cadenas.

Los andaluces queremos
Volver por donde vinimos
Entre jornaleros pobres
silenciados, reprimidos.

Andaluces resignaros
A vuestra eterna condena
Sea por Andalucía presa
De España y de sus cadenas.




(En solidaridad con los compañeros del SAT apaleados por la policía española)

La supuesta gran popularidad de Uribe como reclamo mediático para su reelección según El País


I

Como ya se debe saber, finalmente el presidente colombiano Álvaro Uribe ha conseguido el permiso que necesitaba del Congreso Colombiano para poder llevar a cabo su referéndum reeleccionista. Obviamente, conociendo como se conoce el modo de funcionar que tiene la política colombiana desde hace tanto tiempo, nadie podrá decir que haya supuesto sorpresa alguna esta decisión del Congreso con la que dar vía libre a las (legítimas) aspiraciones del Presidente Uribe en su afán de sacar adelante una nueva reforma constitucional con la que poder aspirar a un tercer mandato presidencial en el país sudamericano. Desde que se conocieran los primeros rumores acerca de las intenciones de Uribe de optar a nueva reelección presidencial, era simple cuestión de tiempo el esperar para que se fuesen concretando los pasos necesarios hasta llegar al objetivo marcado (siempre y cuando, claro está, así lo quiera el pueblo colombiano en última instancia). Lo que ha sido aprobado ahora no es más que uno más de estos pasos necesarios para tales efectos, tal vez, eso sí, uno de los más polémicos, habida cuenta de los sucesos acontecidos en ese mismo Congreso durante la aprobación en la legislatura pasada de la primera reforma constitucional que permitiese al presidente colombiano aspirar a su segundo mandato consecutivo.

Por supuesto, el que aquí escribe, no tiene nada en contra de que sean los pueblos quienes, en legítima aplicación de sus derechos ciudadanos y políticos, decidan sin restricción de ningún tipo, y una vez cada cuatro, cinco o seis años, el mandatario gubernamental que desean tener al frente de su nación, sea o no sea éste el mismo que los hubiese gobernado durante la legislatura inmediatamente anterior a las elecciones. No lo tuve cuando fueron otros líderes políticos latinoamericanos quienes reformaron sus respectivas Constituciones para dotar al pueblo de este derecho, y no lo tengo ahora que es el señor Álvaro Uribe quien aspira a ello. Es más, la reforma planteada por el señor Uribe no debería haberse limitado a una simple ampliación del periodo que la ley permite a un mismo ciudadano para optar de manera consecutiva al cargo de Presidente de la República Colombiana, sino haber extendido este derecho sin limitación alguna, para que sean siempre los pueblos, y sólo los pueblos, quienes opten finalmente, sin restricciones de ningún tipo, por la persona que desean tener al frente de sus respectivos gobiernos. Claro que, en contraposición a esto, sería recomendable igualmente que, a semejanza de lo que se recoge como posible en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, exista la posibilidad también de revocar a todo mandatario, incluido el presidente de la República, en mitad de la legislatura, aunque parece que esto es algo que el señor Uribe no ha contemplado siquiera como una posibilidad en ninguna de las dos sucesivas reformas constitucionales que los miembros de su gobierno y de los partidos aliados han impulsado en la nación neogranadina. Se da el caso además, de que Colombia es uno de los pocos países en el cual su ordenamiento jurídico recoge la posibilidad de que la iniciativa popular pueda promover la revocación de una determinada ley aprobada por el poder legislativo, así como impulsar revocatorios contra gobernadores y alcaldes, ¿por qué entonces no para el Presidente de la República? Misterios de la Ciencia, que diría el otro.

Visto así, tal y como el presidente colombiano ha planteado sus dos proyectos de reforma constitucional, por decirlo de una manera suave, a uno se le queda una especie de regusto amargo al pensar que las reformas constitucionales impulsadas por Uribe no se han hecho pensando en mejorar los derechos de la ciudadanía o la gobernabilidad del país, sino única y exclusivamente en su propio beneficio. Jugar con las posibilidades legales y estirar el chicle constitucional de tal modo que el abanico de mandatos posibles sea justo aquel que ha interesado al Presidente Uribe según sus propias aspiraciones reeleccionistas, es algo así como poner la Constitución Colombiana al servicio de los intereses políticos personales del Señor Uribe, si tener en cuenta la repercusión a futuro que tal medida pudiera o no tener en sucesivos mandatarios. Para entendernos, ningún aficionado al fútbol hubiese entendido que, en lugar de sacar una tableta con el número de minutos a añadirle a un determinado partido una vez se ha cumplido el tiempo reglamentario, una tableta igual para todos los equipos implicados en el choque y que se señalan a decisión de un árbitro, se hubiese permitido que fuese simplemente el entrenador de uno de los equipos quien, a su antojo y voluntad, decidiese, según su propio interés, el número de minutos que se le deben añadir a la contienda hasta dar por finalizado el partido. Las reformas constitucionales no deberían hacerse jamás pensando únicamente en satisfacer los intereses a corto plazo de un determinado mandatario político, como parece evidente que es el caso de Uribe, sino tras un sosegado debate y pensando siempre en el modelo de Estado que se quiere dar a largo plazo al país en cuestión. Sea un único mandato, sean dos, tres, cuatro, o se abra la posibilidad para la reelección indefinida, no me parece de recibo que tal decisión se tome aumentado uno a uno el periodo posible de mandatos consecutivos según el capricho de un presidente electo para poder presentarse a la siguiente elección y sólo a esa. Suena poco menos que a cachondeo y no creo que algo semejante tenga o haya tenido parangón en ningún otro lugar del mundo.

II

Dicho esto, cabe ahora preguntarse el por qué (pregunta retórica, por supuesto), los medios de comunicación occidentales han dado un tratamiento tan diferente a los proyectos políticos en pos de las reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial y la ampliación de mandatos consecutivos posibles, según estos hayan venido de líderes como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Manuel Zelaya, etc. y en comparación con el trato dado al actual y anterior proyecto reformista de Uribe. Lo que para los líderes citados en primer lugar todo eran adjetivos hirientes y descalificativos políticos (dictadores, caudillos, tiranos, cesares, etc.), en el caso de Uribe parece haberse convertido en una alfombra roja por el cual el mandatario colombiano puede transitar libremente hasta alcanzar su objetivo sin ningún tipo de reproche o cuestionamiento. A Manuel Zelaya incluso, de manera totalmente falsa, se le ha acusado de querer buscar una reelección a la que nunca aspiró y a la que la propia ley Hondureña vigente jamás habría permitido (en suma o no con el proyecto de una nueva constitución manejado por Zelaya y aún en el caso de haber salido esta adelante), y a partir de ahí se le ha acusado de todo lo dicho con anterioridad con el fin de justificar y legitimar el Golpe de Estado fascista que tal mandatario ha sufrido recientemente.

Sonadas son también las arremetidas de la práctica totalidad de medios occidentales cuando fue Chávez quien se propuso reformar la constitución venezolana en este mismo sentido. Pero en el caso de Uribe todo es diferente. Simplemente hay que leer (y comparar), como digo, el tratamiento informativo que diarios como El País o El Mundo vienen dando a las noticias sobre la reelección de Uribe aparecidas en sus medios digitales e impresos desde que se supo de los primeros rumores acerca de sus nuevas aspiraciones reeleccionistas, en comparación con el tratamiento que en su momento dieron a las aspiraciones del gobierno venezolano en pos de la reforma constitucional finalmente aprobada en los primeros meses de este mismo año.

Mientras Chávez era un tirano caudillista que aspiraba a perpetuarse en el poder de por vida (sin pasar si quiera, al parecer, por el “trámite” de las elecciones), Uribe es simplemente un mandatario democrático de "gran popularidad" que aspira a la reelección sin más consideraciones de ningún tipo, y que, precisamente por eso, por tener gran popularidad y ser entonces poco menos que una demanda popular a gran escala su nuevo mandato, ha tomado la decisión de aspirar a un nuevo periodo presidencial y poder así llevar a cabo hasta las últimas consecuencias las políticas que tanto éxito han dado a Colombia durante estos últimos siete años –sic-.

En consecuencia, rara vez veremos una noticia en la cual se hable de la reelección de Uribe y no quede recogida para el gran público alusión alguna a su “gran popularidad”. Según parece, el rasgo que mejor caracteriza la presidencia de Uribe no son los escándalos de la parapolítica sucedidos durante el mismo, o la compra de votos para optar a su anterior reelección, o las recompensas macabras para quienes presentasen pruebas de haber dado muerte a guerrilleros de las FARC y que acabó en el denominado caso de los “falsos positivos” (con miles de campesinos muertos y disfrazados de guerrilleros en cualquier cuneta o fosa común del país), o el ataque militar ilegal a un país vecino sin autorización del gobierno del mismo, o el uso fraudulento de símbolos de organismos humanitarios internacionales para llevar a cabo operaciones de tipo militar, o el aumento continuado del número de desplazados, o el resurgir de los paramilitares, o el asesinato de sindicalistas, políticos de izquierda y luchadores sociales a razón de varias centenas por año, o el aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, o el aumento de la pobreza extrema, o la entrega de cinco bases colombianas a los militares de los EEUU, o cualquier otro asunto del estilo que podríamos citar aquí, sino que el rasgo central de su política es su “gran popularidad”. Eso parecen querer decirnos los medios pro imperialistas cada vez que hablan de Uribe y su reelección presidencial.

El diario El País, como siempre a la cabeza de este tipo de estrategias mediáticas destinadas a crear un determinado clima de opinión pública según sus intereses políticos y económicos en América Latina, en una publicación de El País semanal donde se trataba de mostrar el perfil de los 100 hombres del año, nos presentaba a Uribe tal que así: “Elevada popularidad y críticas candentes. Se le aprecia o se le combate: no hay manera de fijar en Álvaro Uribe una sola mirada. Según las encuestas, su gestión de gobierno tiene el apoyo a veces de hasta el 80% de sus compatriotas. Es el más popular de los mandatarios latinoamericanos.”

Incluso, cuando el propio Uribe calificó como “inconveniente” una segunda reelección, el mismo diario no podía evitar aludir a la principal cualidad política del presidente: “Popularidad. El presidente Álvaro Uribe sigue teniendo una popularidad que roza el 70%. Según Gallup, el 80% de la población estaría a favor de un tercer mandato”.

¿Ya vamos entendiendo pues que es lógico y normal que el mandatario más popular de América Latina y que sería apoyado hasta por un 80% de la población colombiana en sus aspiraciones reeleccionistas, aspire precisamente a la reelección?, ¿O quedan dudas aún? Si quedan dudas, El País nos las aclara con sucesivas “noticias” que nos hagan ver la luz (son algunas sacadas al azar de internet vía google de los últimos 14 meses, hay seguro decenas más de ejemplos sólo en el último año):

-(02-07-08) “En vez de esperar a un análisis constitucional de su reelección, como recomienda el Supremo, Uribe ha preferido optar por la vía del referéndum para plantear la cuestión directamente a los votantes, entre los que aún conserva grandes dosis de popularidad”.

-(07-07-2008) “El rescate de Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados ha llevado la popularidad del presidente Álvaro Uribe a un récord del 91%, frente al 73% anterior, según una encuesta publicada ayer. Si el político se presentara a un tercer mandato obtendría el voto del 79% de los colombianos, frente al 69% de antes de la liberación de los rehenes (…) Uribe, que fue elegido en 2002 y reelegido en 2006 tras reformar la Constitución para poder presentarse a un segundo mandato, ha dejado abierta la posibilidad de volver a cambiar la legislación para optar a un tercero, una propuesta que ha levantado muchas críticas en Colombia”.

-(08-08-2008) “El presidente colombiano mantiene la incertidumbre sobre su tercer mandato (…) Los colombianos le piden en masa que se lance a las elecciones presidenciales en 2010, según se desprende de las encuestas de opinión (…)Uribe, cuya popularidad se ha disparado al 91% tras el rescate el 2 de julio de 15 rehenes en manos de las FARC, entre ellos Ingrid Betancourt, no ha dejado claro si se volverá a presentar (…)Mientras el debate sigue abierto, lo cierto es que Uribe está en su mejor momento de popularidad”.

-(10-07-2008) “El descenso de la delincuencia y los secuestros ha disparado al 91% la popularidad de Uribe, que llegó al poder en 2002, fue reelegido en 2006 gracias a un cambio constitucional cuestionado por el Tribunal Supremo y ha dejado la puerta abierta a volver a concurrir a los comicios”.

-(13-07-08) “El presidente colombiano bate récords de popularidad, pero no aclara si irá a la reelección (…) Con una popularidad récord, todavía más alta gracias a la operación de rescate, el 2 de julio, de Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados en manos de las FARC, Uribe parece tener garantizada la reelección.”.

-(07-04-09) En una entrevista a un futuro candidato presidencial colombiano el entrevistador de El País “pregunta”: “Pero Álvaro Uribe, el actual presidente, con una cota muy alta de popularidad tras sus éxitos contra la guerrilla, mantiene abierta la posibilidad de intentar la reelección. ¿La decisión ya está tomada?”.

-(21-04-09) “Gran popularidad: Uribe sólo podrá optar a un tercer mandato después de un referendo popular, ya que el Congreso rechazó en noviembre de 2008 la posibilidad de que pueda hacerlo por la vía constitucional. La Cámara de Representantes rechazó incluir en la reforma un artículo que abría la posibilidad para una segunda reelección de Uribe en 2010. Según la Constitución, reformada en 2005 a iniciativa de los uribistas, el presidente sólo puede optar a un segundo período, como ya hizo Uribe en 2006. El presidente colombiano es uno de los políticos suramericanos mejor valorados gracias a sus éxitos recientes en la lucha contra la guerrilla de las FARC”.

-(21-08-09) “Uribe, que goza de una popularidad por encima del 70%, aún no ha confirmado si aspirará a una nueva reelección, pero algunos miembros del Gobierno están muy involucrados en que el referéndum salga adelante”.

Por su parte, el diario El Mundo, que tanto suele rivalizar con el diario de PRISA en otros asuntos de política partidista española, en este caso juega en el mismo equipo que El País y nos presenta los acontecimientos dados en las últimas fechas (aprobación en Senado y Congreso del referéndum reeleccionista) de la siguientes manera:

-(El Mundo, 02-09-09, Congreso): “Álvaro Uribe podrá, salvo imprevisto, optar a un tercer mandato como presidente de Colombia en 2010. El Congreso ha dado luz verde al referéndum que permite más de una reelección, aunque antes deberá aprobarlo la Corte Constitucional, cuyo dictamen se conocerá de aquí a 90 días (…)Los partidarios del jefe de Estado, que conserva unos niveles de popularidad elevados, argumentan que es el único líder capaz de enfrentarse a los guerrilleros de las FARC” (Las negritas son del diario).

-(El Mundo, 20-08-2009, Senado): “El Senado de Colombia aprobó el texto de un referendo para consultar a los votantes si aprueban cambiar la Constitución para permitir al presidente Álvaro Uribe aspirar a un tercer periodo en el 2010. Uribe, quien goza de una popularidad por encima del 70%y es el más cercano aliado de Estados Unidos en América Latina, no ha hecho pública su intención de postular a un nuevo periodo de cuatro años en las elecciones presidenciales de mayo próximo” (las negritas son nuevamente del diario).

Después de esto, cuando supongo que ya habrán podido entender ustedes de qué trata el asunto, sólo me queda ahorrarle trabajo a los lectores (y redactores) de estos medios y cerrar este punto de artículo creando un mantra de fácil comprensión que todos podéis repetir conmigo: “Uribe, Popularidad, Reelección”, “Uribe, Popularidad, Reelección”, “Uribe, Popularidad, Reelección”, así hasta estar convencidos de que la reelección de Uribe en nada se parece a la de Chávez, Correa, Morales o Zelaya, sino que es fruto de una aclamación democrática del pueblo colombiano, fascinado por su gran popularidad, y para nada aspiración alguna de perpetuarse en el poder como es el caso de los dictadorzuelos caudillistas y tiranos nombrados con anterioridad.

III

Pero, ¿qué hay de cierto en el tema de la popularidad de Uribe? Pues, si nos atenemos a las cifras oficiales de las elecciones colombianas, más bien poco.

Como habrán podido comprobar si han leído las noticias presentadas con anterioridad a través de sus respectivos enlaces, las supuesta alta popularidad del presidente Uribe nos la proporcionan una serie de encuestas llevadas a cabo por medios de comunicación privados y agencias públicas colombianas. No entraremos aquí a valorar la credibilidad o no que puedan tener estas encuestas, ni siquiera entraremos a valorar el tiempo político en que fueron llevadas a cabo o la intencionalidad que pueda esconderse tras la publicación de las mismas. Únicamente me limitaré a subrayar las cifras oficiales que nos aportan las únicas y verdaderas encuestas que son totalmente válidas para valorar la popularidad de un determinado mandatario en un régimen político democrático. Es decir, las elecciones presidenciales. A mayor aceptación y popularidad de un mandatario político, como es lógico, mayor será el número de apoyos populares que reciba en las elecciones presidencias en forma de votos. Veamos, pues, con datos oficiales sobre la mesa, con los datos presentados como válidos a través de la Registraduría Nacional Electoral, el máximo órgano electoral colombiano, si es realmente cierta la popularidad tan abrumadora que se le atribuye al Presidente Colombiano y que vendría a legitimar su reforma constitucional en pos de la reelección:

Elecciones presidenciales 2002

Participación: 46,471%
Votos en apoyo de Álvaro Uribe: 53,048%

Es decir, sobre una participación total del 46,471%, el señor Uribe obtuvo el 53,048 de los votos. Esto quiere decir que, en cifras totales, contando el global de los ciudadanos colombianos con derecho a voto, Uribe obtuvo el apoyo de exactamente el 24,65% de los ciudadanos colombianos con derecho a voto.

Elecciones presidenciales 2006

Participación: 45,05%
Votos en apoyo de Álvaro Uribe: 62,35%

Es decir, sobre una participación total del 45,05%, el señor Uribe obtuvo el 62,35% de los votos. Esto quiere decir que, en cifras totales, contando el global de los ciudadanos colombianos con derecho a voto, Uribe obtuvo el apoyo de exactamente el 28,08% de los ciudadanos colombianos con derecho a voto.

Ahí tienen ustedes, sin trucos de ningún tipo, el apoyo popular real, constatado y demostrado a través de los canales democráticos pertinentes, del señor Álvaro Uribe en Colombia. Toda la "gran popularidad" de la que nos hablan continuamente en la prensa occidental, de la que se jactan continuamente los aduladores de Uribe en todo el mundo, se limita a un apoyo del 28,08% de los ciudadanos colombianos con derecho a voto. Un mísero 28,08%, ni más, ni menos. Ahora que cada cual saque sus propias conclusiones.

Es significativo señalar además que, en medio de todo el revuelo formado por la primera reforma constitucional de Uribe, la participación bajó cerca de dos puntos desde los comicios de 2002 a los comicios de 2006, una reforma constitucional, como se sabe, llevada a cabo totalmente de espaldas a la ciudadanía, la cual no tuvo ni voz ni voto sobre la decisión de aceptar o no esa reforma constitucional, y que a buen seguro hubiera sido el método elegido también para esta segunda reforma de no ser por el rechazo del Tribunal Supremo a dar validez legal a tal procedimiento por segunda vez, además de haberse demostrado que algunos congresistas cambiaron su voto a última hora a cambio de todo tipo de favores políticos del gobierno colombiano y sus aliados.

Queda claro, por tanto, que la “gran popularidad” de la que nos hablan medios como El Mundo o El País, no es más que una más de las muchas manipulaciones lingüísticas, semánticas e informativas a las que estos medios nos tienen acostumbrados día sí y día también cuando de hablar sobre América Latina se trata. Máxime, si comparamos estos datos con el apoyo popular real con el que cuentan algunos de esos otros mandatarios que han sido acusados de dictadorzuelos y tiranos por querer precisamente hacer lo que el (im) popular Uribe ha hecho ya hasta en dos ocasiones por vías, cuando menos, cuestionables desde una perspectiva democrática.

Por ejemplo, en las pasadas elecciones de 2006, Hugo Chávez fue electo, sobre una participación record del 74,7%, con el 62,84% de los votos, lo que nos habla de un 46,94% de apoyo popular. Casi nada.

Queda claro pues también que, como afirma el diario El País en la ya señalada presentación de Álvaro Uribe como una de las 100 personalidades del año, nos encontramos ante el “líder más popular de América Latina”. De ahí que haya que ponerle la alfombra roja (y el culo si hace falta) para que vaya lanzado hasta su próxima reelección presidencial. Los negocios de PRISA en Colombia y otras partes de América Latina ya se están frotando las manos ante tal perspectiva. Eso sí que es de conocimiento popular, y goza además de "gran popularidad" entre quienes hemos decidido no darle tregua a las continuas mentiras, manipulaciones y tergivesaciones de la realidad que desde el diario El País lanzan a diario a todos sus lectores.