El pasado domingo 27 de septiembre, en horas de la tarde, la prensa hondureña daba a conocer al mundo la puesta en marcha en aquel país de un Decreto Gubernamental que anulaba las principales garantía constitucionales de las que hasta ese momento (supuestamente) gozaban los ciudadanos y ciudadanas de la nación. Honduras pasaba a ser (oficialmente) un Estado fascista. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y de asociación, la libre circulación, la libertad de prensa, el derecho a no ser detenido de manera arbitraria y sin acusación alguna por la policía, etc. pasaban a quedar en suspenso por un periodo de 45 días desde la entrada en vigor del Decretazo fascista. El Decreto fue publicado en la Gaceta oficial de Honduras a fecha del 26 de septiembre, aunque había sido firmado por el presidente fascista y sus secuaces cuatro días antes. Todo el proceso se llevó absolutamente en silencio y de espaldas a la ciudadanía. El mundo entero, como no podía ser de otra forma, quedaba escandalizado con la medida del gobierno golpista, atónito ante la vuelta indisimulada del fascismo al poder en un país de América Latina. Voces de protesta surgieron desde todos los rincones del planeta, desde la OEA a la UE, pasando por los EEUU y, por supuesto, todos los países presentes en la II Cumbre del ASA (América del Sur-África). ¿Cómo es posible que en esas condiciones se puedan celebrar unas elecciones democráticas en Honduras? Fue la pregunta más planteada por buena parte de la diplomacia internacional una vez hubieron conocido la noticia, especialmente entre aquellos países menos beligerantes con el régimen dictatorial del señor Micheletti. Poco importaba el carácter fascista que se esconde indisimuladamente tras el mencionado Decreto, poco importaban los Derechos Humanos o la situación de extrema indefensión en la que quedaban a partir de ese momento todos y cada uno de los partidarios de la vuelta al orden constitucional y democrático en Honduras (sean o no seguidores del Presidente Zelaya), lo importante, al parecer, era que el Estado de Sitio impuesto por Micheletti comprometía la legitimidad de las elecciones que deben ser celebradas el próximo Noviembre en el país.
Algo huele a podrido en todo esto, pensé. ¿Qué necesidad tiene Micheletti de sacar adelante un Decreto de este tipo cuando desde el mismo momento en que los militares derrocaron por la fuerza al legítimo presidente del país, los Derechos Humanos, políticos y constitucionales de la ciudadanía hondureña, y especialmente de aquella parte de la ciudadanía que forma parte de la oposición al Golpe, han sido sistemáticamente conculcados siempre que al Gobierno golpista, los militares y/o la Policía les ha venido en gana?, ¿para qué se va a exponer al escarnio público del mundo entero cuando desde el mismo momento en que tomó el poder ha hecho y deshecho a su antojo, ha perturbado las garantías constitucionales cuando lo ha creído oportuno y ha sometido a la oposición a un trato represivo y dictatorial?, ¿qué necesidad tiene de ello, y además justo en este momento en que el mundo entero tiene sus ojos puestos en Honduras?, ¿No le bastaba con seguir aplicando sus medidas dictatoriales como lo ha venido haciendo hasta ahora y tenía que complicarse la vida para dejar claro y por escrito al mundo entero que estaba actuando como un vil fascista?, ¿qué beneficio puede sacar Micheletti de todo esto? Porque, hasta el momento, cuando ha querido reprimir, ha reprimido; cuando la policía o el ejército han tenido que detener, torturar e incluso asesinar a los ciudadanos en oposición al golpe, lo han hecho; cuando han tenido que sacar del aire a medios de comunicación o han tenido que tomar por la fuerza sus instalaciones, lo han hecho. Entonces, ¿para qué complicarse la vida con un Decreto Gubernamental que simplemente les va a permitir hacer legalmente lo que hasta este momento han venido haciendo cuando han querido sin necesidad de estar en vigencia este Decreto?, ¿no había aprobado ya en su momento el Congreso Nacional un Decreto muy similar a éste que anulaba también las garantías constitucionales de la ciudadanía hondureña?, entonces, ¿para qué esta pantomima fascista?, ¿para qué dar mayor cobertura legal a unos actos que ya la policía, el ejército y el propio gobierno vienen haciendo con toda impunidad desde el mismo día del Golpe, y que ahora con este Decreto gubernamental únicamente iban a conseguir atraer la atención del mundo en forma de confirmación de todas las tropelías dictatoriales que están cometiendo desde el pasado 28 de junio? No creo que tengan un pelo de tontos, no creo que se quieran complicar innecesariamente la vida, algo deben estar tramando estos fascistas, pensé. En menos de una semana mis sospechas parecen confirmarse.
Ya desde la investidura del golpista, Honduras ha vivido en un Estado de Sitio constante, con Toques de queda continuados en los cuales los derechos constitucionales de la población quedaban igualmente en suspenso. El día 1 de Julio, tres días después del Golpe, el Congreso aprobaba, a instancias del presidente golpista, un decreto legislativo que anulaba las garantías constitucionales de la ciudadanía mientras durasen los Toques de queda impuestos por el gobierno fascista. Que se sepa, aquel Decreto no ha sido derogado hasta la fecha. El Decreto fue aprobado en un solo debate (ya que se mocionó para dispensar los primeros dos debates) por los diputados y diputadas al Congreso Nacional, a excepción del partido Unificación Democrática (UD). Los derechos constitucionales suspendidos en aquel momento por la Cámara Legislativa fueron el 71, 78, 79, 81 y 99 de la Constitución de la República. Es decir, prácticamente los mismos que ahora han sido puestos en suspenso por el Decreto gubernamental de Goriletti: 69, 72, 78, 81, 84. Han cambiado el artículo 71 (Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de veinticuatro horas, sin ser puesta a la orden de autoridad competente para su juzgamiento. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de seis días contados desde el momento en que se produzca la misma) por el 69 (La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente), que obviamente implica el derecho a violar la libertad personal mediante arresto por el tiempo que el gobierno de facto considere necesario. Se concreta además el artículo 79 (Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial), en el artículo 78 (Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres), que obviamente son artículos casi redundantes. Y el artículo 99 (El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad), queda sometido por la suspensión del artículo 84 (Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley), ya que el poder detener a cualquier persona sin mandato escrito de ningún tipo, implica obviamente el poder hacerlo en su casa o en cualquier otro lugar del país, quedando además justificada tal actitud por la objeción que se expresa como tal en el artículo 99 (No obstante, -el domicilio- puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad). Por tanto, con este nuevo Decreto, no cambia nada, salvo que se da nueva cobertura legal a las medidas fascistas aplicadas por el Gobierno de Goriletti, con apoyo del Congreso Nacional y de las Fuerzas Armadas. Honduras vivía ya en una dictadura antes de la aprobación del Decreto de Micheletti, y lo sigue haciendo igualmente, ahora de manera oficial, tras la aprobación de éste. Nada ha cambiado a ese respecto, salvo que ahora el rechazo masivo al Decreto del Gobierno ha aumentado aún más la presión internacional en contra de Micheletti y de su gobierno golpista.
Como ya he dicho, esto en un principio, si se piensa bien, podría resultar paradójico. Un gobierno que actúa de manera fascista, que reprime, tortura y asesina, que toma medios de comunicación por la fuerza de las armas, que impide la libre circulación de los ciudadanos cuando lo considera oportuno, y que ahora, a pesar de que ya cuenta con un rechazo internacional masivo, tiene la necesidad de sacar un decreto que legaliza todas estas actitudes aún más claramente de lo que ya lo estaban por el Decreto Legislativo del 1 de Julio, y por las actuaciones fácticas del gobierno, la policía y las fuerzas armadas desde el 28 de junio a esta fecha. Raro, raro, raro. Pero el enigma comenzó a verse más claro tan sólo un día después del conocimiento a nivel internacional de la puesta en marcha del Decreto Gubernamental. En esa fecha, el Presidente golpista aparecía en rueda de prensa junto al también golpista Presidente del Congreso Nacional, Alfredo Saavedra. Micheletti dijo entonces estar dispuesto a escuchar las peticiones del Presidente del Congreso Nacional, así como los diferentes representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria, acerca de la derogación del Decreto fascista. "Son ellos con este servidor los que lo vamos a derogar, si es necesario", dijo Micheletti. ¿La razón de este aparente cambio de actitud? No perturbar el desarrollo del proceso electoral, según le habían señalado los diputados que sería el caso de seguir vigente el Decreto por los 45 días que se estipulan en él. "Voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, con el Tribunal Supremo Electoral, incluso, si hay posibilidad de hablar con los candidatos presidenciales (...) y así tomar la decisión más conveniente a los intereses de nuestra patria que (...) será derogar ese decreto en el momento más oportuno (...) porque en este país hay división de poderes, hay unos poderes independientes que funcionan", dijo Micheletti. ¿Lo van pillando?
Dos días después de esta rueda de prensa, era el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el encargado de pedir al Presidente golpista que se derogara el Decreto Gubernamental. La solicitud se sumaba a las demandas planteadas por el Parlamento, los candidatos presidenciales y otros sectores fieles al gobierno de facto y fue oficializada por los magistrados del TSE David Matamoros y Enrique Ortez Sequeira, en una reunión que mantuvieron con Micheletti en la Casa Presidencial. Matamoros explicó, en una rueda de prensa al término de la reunión, que pidieron a Micheletti la eliminación del decreto para que así no haya duda sobre la legalidad de los comicios planteados para el próximo 29 de noviembre. Por su parte, Ortez Sequeira indicó que se pidió al gobernante de facto que "recapacite", e insistió, al igual que Matamoros, en que el TSE garantiza un proceso electoral "transparente". En la misma rueda de prensa, Micheletti dijo que accedía a analizar la solicitud y volvió a insistir en que el decreto será "derogado de la manera oportuna", apuntando que continuará las consultas al respecto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos del Estado con el fin de tomar una decisión "consensuada". ¿Lo pillan ya?
La cosa es clara. Solo falta el pronunciamiento del poder Judicial. En los próximos días la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de este poder del Estado, se pronunciará exactamente en los mismos términos que lo han hecho ya los candidatos presidenciales, el presidente del Congreso y los representantes de los partidos políticos en el mismo, y finalmente el Tribunal Supremo Electoral, todos ellos, huelga decirlo, implicados hasta las cejas en el Golpe de Estado. Es decir, en los próximos días, seguramente mañana o pasado a más tardar, la Corte Suprema Electoral anunciará también su petición al Presidente golpista para que el Decreto sea derogado y las elecciones se puedan celebrar con "normalidad". Se habrá cerrado así el círculo de los "independientes" poderes del Estado. Se convocará una nueva rueda de prensa, y Micheletti, tras proclamar a los cuatro vientos que ha sido una decisión consensuada con los otros dos poderes del Estado, el Tribunal Electoral y los candidatos presidenciales de los partidos golpistas que lideran las encuestas, anunciará la derogación del Decreto. Entonces comenzará la segunda parte del Show, seguramente escrito en su totalidad con guión hollywoodiense made in USA.
Es decir, a partir de ese momento, pongo la mano en el fuego, se tratará por todos los medios de convencer al mundo acerca de la legalidad y la transparencia de las elecciones de Noviembre, como así demostraría el perfecto funcionamiento de la democracia en Honduras, un funcionamiento que habría quedado demostrado igualmente por la negociación y posterior consenso habido en el país entre los diferentes poderes "independientes" para derogar el Decreto del Presidente a petición de los demás poderes del Estado. Hagan sus apuestas, les aseguro que no pierden.
Con toda esta pantomima, pues, no se estaría buscando otra cosa que dotar de legitimidad a las elecciones de Noviembre, para que de esta manera el candidato que salga electo de las mismas pueda ser reconocido por la Comunidad Internacional. EEUU, Canadá, Bahamas, Perú, Panamá y Costa Rica, además de Israel y Taiwan (que ya reconocen al gobierno golpista actual), ya han manifestado públicamente que valorarán la posibilidad de reconocer al nuevo Presidente una vez se hayan celebrado las elecciones de Noviembre, o, lo que viene a ser los mismo, ya han anunciado que reconocerán al Presidente que salga de esas elecciones, únicamente necesitan apoyarse en cualquier tipo de argumento legal, cualquier excusa, para hacerlo. ¡Y qué mejor excusa que el argumento del funcionamiento de los tres poderes de manera independiente!, un argumento que, por otro lado, ha sido repetido hasta la saciedad, a modo de colorario, por el Presidente golpista y sus secuaces desde el mismo día en que se llevó a cabo el Golpe de Estado militar.
Los gobiernos partidarios del derrocamiento de Zelaya, se hayan manifestado a favor o no de su destitución durante estos meses, simplemente necesitan buscar argumentos para legitimar su reconocimiento al Presidente que salga electo en Noviembre, y aquí Micheletti y sus compinches se los están proporcionando, seguramente con acuerdo previo en el diseño de la estrategia a seguir. Los golpistas no son tontos y saben que necesitan credibilidad a cualquier precio. Quienes los apoyan, por su parte, tampoco son tontos y saben que necesitan excusas de cualquier tipo, a poder ser con hechos sobre la mesa, para poder justificar su decisión ante el mundo. Lo que está ocurriendo ahora, por macabro que resulte decir esto de una situación como la que se está viviendo en Honduras estos días, es pura diplomacia internacional, es el fruto de la estrategia diseñada por los aliados en la sombra de Micheletti para legitimar, no ya su gobierno (pues saben que eso es imposible), sino el futuro gobierno que salga de las elecciones ilegítimas de Noviembre, una diplomacia que, eso sí, y como siempre, vive de espaldas a los problemas, demandas y necesidades democráticas de los pueblos oprimidos del Sur.
Porque es el pueblo hondureño el que ha sufrido en sus propias carnes la represión fascista de Micheletti y su gobierno. Porque es el pueblo hondureño el que ha tenido que soportar las torturas, los asesinatos, la limitación de derechos y la persecución política. Porque es el pueblo hondureño el que ha tenido que vivir aterrorizado por los toques de queda impuestos por el gobierno fascista. Porque es el pueblo hondureño el que ha tenido que sufrir el cierre de medios de comunicación independientes, los estadios a modo de campos de concentración improvisados, los ataques con bala viva de la policía y el ejército, los retenes en las carreteras, las detenciones arbitrarias, en fin, todas las atrocidades fascistas cometidas por los golpistas desde el mismo día en que el Presidente Zelaya fue secuestrado y sacado del país por los militares, en connivencia con EEUU y sus también militares en el país (está ya demostrado, y así lo confirmó el propio gobierno de los EEUU, que el avión que sacó al presidente del país hizo escala en la base militar que los gringos tienen en Honduras).
Porque es también el pueblo hondureño el que ha sido privado de su legitimo derecho a ser gobernado por el Presidente que ellos eligieron durante el tiempo que estipula la Constitución del país para ello. Porque es el pueblo hondureño el que ha visto como el fascismo les ha pasado por encima, como los militares han tomado el poder del país y han hecho y deshecho a su antojo en connivencia con Goriletti. Porque es el pueblo hondureño el que tendrá que soportar la celebración de unas elecciones ilegitimas en medio de un gobierno dictatorial y de un Estado de Sitio constante, sea oficializado vía Decreto o no. Porque es el pueblo hondureño, en definitiva, el que votó por un presidente que ha sido derrocado por la fuerza de las armas, y al que ahora quieren sustituir, con el apoyo internacional de los de siempre, por un presidente salido de unas elecciones ilegítimas que los golpistas tratan por todos los medios de convertir en unas elecciones normalizadas, limpias y transparentes, ja. Normales como los campos de concentración que han instaurados los golpistas cuando les ha venido en gana, limpias como las manos manchadas de sangre de los militares y policías que han reprimido al pueblo durante estos meses y transparentes como la tapa del ataúd donde han sido enterrados los muertos de la represión fascista. Así de normales, limpias y transparentes van a ser estas elecciones.
Porque será además el pueblo hondureño el que tenga que soportar un mandato gubernamental no salido de la soberanía popular, sino del control fascista del Estado por parte de los golpistas. ¿O alguien cree después de todo lo que ha ocurrido qué el gobierno fascista de Micheletti, el actual Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y los Congresistas golpistas que falsificaron una supuesta carta de renuncia del señor Zelaya, tienen la más mínima credibilidad a la hora de garantizar "libertad" y "transparencia" en unas elecciones celebradas bajo el mandato del actual gobierno fascista y con las Fuerzas Armadas gobernando de facto el país? Porque esa es otra, si hay un presidente de facto ahora mismo en Honduras, no es el señor Micheletti como se empeñan en llamarlo una y otra vez desde la prensa occidental pro golpista, sino el señor Romeo Vázquez. El señor Micheletti es simplemente un Presidente golpista, la cabeza visible de un gobierno bajo el cual jamás se podrán celebrar unas elecciones creíbles, ni libres, ni transparentes, ni democráticas. Por más que con sus estrategias bien diseñadas desde probablemente los EEUU, como ésta que aquí denuncio, traten de demostrar lo contrario. La dictadura sigue siendo dictadura. Y ninguna dictadura podrá garantizar jamás legitimidad electoral mientras los opositores al gobierno están siendo asesinados, silenciados, torturados, reprimidos de todas las maneras habidas y por haber en las calles. Espero que no lo olvide la comunidad internacional.
Aunque me temo que muchos países, con EEUU a la cabeza, ya lo tienen claro desde el 28 de junio pasado. Sólo era cuestión de tiempo esperar el momento para legitimar de una u otra manera el fascismo golpista hondureño. Y ese momento ha llegado. Se derogará el Decreto de Micheletti y con ello la Comunidad Internacional dará legitimidad al fascismo hondureño y sus elecciones fraudulentas. Quien nace puta, se muere puta, dicen en mi pueblo. Y la Comunidad Internacional, eufemismo para hablar de EEUU y sus aliados, puta nació y puta morirá. Lo sabemos de sobra.
Salvo, claro está, que antes de Noviembre alguien pueda remediarlo devolviendo a Zelaya al poder, lo cual veo ya casi imposible. Pero nada es descartable cuando hay un pueblo en lucha, con la valentía, la honestidad, la decisión y la bravura del pueblo hondureño. Esa es la esperanza que me queda.
