Leía hoy en la prensa que, según un sondeo auspiciado por el CIS, un 80% de los españoles estaría ahora a favor de introducir cambios en la política inmigratoria. Las nuevas circunstancias económicas del estado así lo exigen, dicen. Lo que en años atrás no dejaba de ser un problema menor en el ámbito sociológico y/o cultural, ahora con la crisis se habría convertido además en una traba para el desarrollo económico de los ciudadanos españoles.
Decía también la noticia que, según este mismo estudio demoscópico, casi la mitad de los españoles (45%) piensa que la crisis afectará por igual a nacionales que a extranjeros. Salvo, claro está, que a los españoles nadie querrá expulsarlos del territorio. En cambio, poco más de otro tercio (36%) apunta más hacia la idea de que serán los extranjeros quienes con más dureza tengan que afrontar las consecuencias de la recesión económica. Aún así no se tiene compasión con ellos: es necesario endurecer la política inmigratoria. ¡Que llueva sobre mojado!
Y digo endurecer porque, aunque no se precisa en la encuesta, ya se podrán imaginar ustedes de qué tipo de cambios estamos hablando. Diferentes instituciones públicas ya se han encargado de dejar claro cuál debe ser el “nuevo” camino a seguir. Con la aprobación de la Directiva del retorno, Consejo y parlamento europeo sentaban las bases de lo que ha de ser la política común en materia de inmigración para los próximos años: Criminalización del sin papeles, libertad para el secuestro de estado y expulsión irrevocable del territorio de todo aquel extranjero que no sea de alguna utilidad política o económica. En fechas recientes el gobierno de ZP se sumaba a la orgía: modificación de la ley de extranjería (en connivencia con el PP) para poner fin a las reagrupaciones familiares en cadena, endurecer las sanciones administrativas a los ilegales y potenciar las expulsiones.
La percepción general, aquella con la que los encuestados justifican la necesidad de este endurecimiento legal, nos dice que en la situación actual los inmigrantes estarían, mediante el envío de remesas, beneficiando más a sus países de origen (45%) que a la propia España (27%) o a ambos países por igual (28%), mientras que lo que se debería hacer es beneficiar siempre en primer lugar a España (67%). De ahí la necesidad del cambio. Sin embargo, nada se dice en la noticia, a pesar de que son bien conocidas las causas financieras que han generado esta crisis, sobre la necesidad o no de otros tipos de cambios en el sistema. Para eso no hay encuestas en estas fechas.
Expulsar a los inmigrantes, cargar sobre ellos el peso de las circunstancias económicas y el endurecimiento de la ley, siempre resultará más útil para el poder establecido que incitar a la población a hacer una reflexión profunda acerca de cómo funciona el sistema económico en el que vivimos, quiénes han sido los responsables del derrumbe, por qué causas estamos metidos en esta crisis y quiénes son los que siguen, a pesar de todo, siendo los grandes beneficiados en estos tiempos convulsos. El rostro del inmigrante ha de ser transparente y público en todo momento, para que sepamos en que instante sus intereses laborales y/o económicos pueden chocar con los nuestros. En cambio, el rostro del banquero avaricioso que se ha jugado nuestros ahorros en Wall Street y los ha perdido, mejor dejarlo tras las sombras. Sus intereses son los nuestros.
Endurezcamos por tanto las políticas inmigratorias, acabemos con la libertad de movimiento para el trabajador extranjero, pero dejemos en paz, por favor, al capitalismo y su libre circular de grandes capitales desde unos paraísos fiscales a otros, su libre circular de mercancías desde unos países a otros, especialmente desde los países colonizados del Sur a los desarrollados y colonialistas del Norte. No vaya a ser que los burgueses se nos enfaden y nos despidan a todos.
Al fin y al cabo, como decía Nietzsche en su Zaratustra, la chusma hace del regateo y el chalaneo con el poder una forma de vida.
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