El pasado 15 de enero de 2010, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, mediante la resolución viceministerial Nº 025-2010-MTC/03, anuló la licencia de funcionamiento de Radio Oriente, que operaba desde una frecuencia de televisión en VHF en la ciudad de Yurimaguas, región Loreto, al noreste del país. La medida fue considerada como un atropello a la libertad de expresión por parte de los directivos de la emisora. Igualmente, por esta misma orden ministerial, fue anulada la licencia de emisión de la radio “La Voz de Bagua Grande”. El gobierno peruano aplicó la medida aludiendo que la planta no había instalado equipos de transmisión al año siguiente de haber obtenido el permiso para operar. Sin embargo, según informa la prensa local peruana, en abril del 2006, el MTC emitió un certificado de homologación de la antena del medio, confirmando que cumplía con los requisitos de ley y permitiéndoles funcionar. En 2007, cuando el MTC realizó una segunda inspección de verificación, éste dejó constancia que Radio Oriente contaba con cuatro antenas debidamente autorizadas y con "señal de buena calidad".
Las razones para este cierre, pues, han sido otras que nada tienen que ver con lo administrativo, ya que la televisora no estaba actualmente incumpliendo ninguna normativa de la República. Radio Oriente, fue la única cadena peruana que se atrevió a denunciar ante el mundo los trágicos sucesos que se desarrollaron en la provincia de Bagua durante los meses de abril, mayo y junio del año pasado. El 9 de abril de 2009 los pueblos indígenas amazónicos reiniciaron una jornada de lucha por la derogatoria de una serie de decretos legislativos que consideraban lesivos a sus intereses colectivos. La provincia amazónica de Bagua, en el norte del Perú, fue uno de los lugares principales de la protesta. La represión fue llevada a cabo violentamente por las fuerzas policiales peruanas y derivó en un enfrentamiento con 34 muertos, y cerca de doscientos heridos, muchos de ellos de bala. En la madrugada de 5 de junio del 2009 un comando de la policía bajo orden expresa del gobierno emboscó y atacó a un grupo de nativos en la localidad de Bagua, sirviéndose además del uso de helicópteros desde los cuales disparaban a los manifestantes con armas de guerra.
La prensa peruana, así como la prensa internacional, siguió a pies juntillas el libreto marcado por las informaciones dadas desde el gobierno peruano, según las cuales el balance de muertos era de 25 policías, frente a 9 indígenas. Así mismo, acusaron a los indígenas de ser los responsables del desencadenamiento de la tragedia, y defendieron la actuación de las fuerzas de seguridad peruanas, como parte de la normalidad. Radio Oriente fue la única emisora que se atrevió a levantar la voz en contra de esta matriz informativa que circulaba por el mundo, relatando al mundo los verdaderos hechos que estaban acaeciendo en el lugar, y según los cuales, al margen de los heridos de bala y los muertos “oficiales”, más de 250 personas estaban desaparecidas, todos ellos líderes indígenas que presumiblemente estarían muertos. Estas personas desaparecidas no estaban en la lista de heridos ni de detenidos. Igualmente, la cadena ofreció imágenes en directo, y grabaciones de primera mano, de los despiadados ataques policiales en contra de los manifestantes indígenas. Esta cobertura ya generó que la justicia peruana abriese un proceso legal en contra de la televisora. Un proceso legal que ahora se ha traducido, de manera paralela, en el cierre definitivo de la televisora.
Cabe recordar además, que, tal y como informa TeleSur, el cierre de la emisora se produce cuando se denuncia que en zonas de la Amazonia peruana se impide el acceso a los medios de comunicación para informar lo que ocurre en la región. Incluso la ONG, para nada sospechosa de colaborar con la izquierda internacional, Reporteros Sin Fronteras (RSF), ha emitido un comunicado en el cual se asegura que las emisoras cerradas cumplían con la legalidad peruana y que el cierre no es más que “una venganza política por parte de las autoridades”, y que vendría a sumarse a otras acciones legales ya tomadas con anterioridad contra periodistas peruanos posicionados de lado de los indígenas. Obviamente, tal atropello a la libertad de expresión ha desencadenado una gran polémica en el país andino. Desde los principales representantes de la oposición, a las principales organizaciones nacionales de periodistas, pasando por los colectivos indígenas, las críticas al gobierno son mayoría. Sin embargo, tal hecho parece haber pasado absolutamente desapercibido por la prensa española.
Únicamente el diario El Mundo y el ABC se hacen eco de esta polémica en su edición digital del pasado miércoles 20 de enero, en ningún caso abordada desde el seguimiento del cierre en sí mismo, sino desde la recogida de la una noticia lanzada por la agencia EFE acerca del pronunciamiento de “Reporteros Sin Fronteras”, y que no entran en absoluto en el desarrollo del que debía ser el tema principal de la noticia: el cierre de Radio Oriente y Radio La Voz. El resto de la prensa capitalista española si quiera se hizo eco de este comunicado de RSF.
Así, el total de noticias que la prensa capitalista española ha dado en referencia al tema del cierre de estas emisoras de radio y televisión abordado como hecho noticioso en sí mismo, es igual a CERO. Ni una sola noticia ha sido publicada al respecto en la prensa española. Desde que tuve conocimiento del cierre de esta cadena peruana, he venido haciendo un seguimiento diario de la prensa capitalista española, y no he podido encontrar una sola noticia relacionada con el cierre de las emisoras en cuestión. El silencio ha sido absoluto, a pesar de la evidente gravedad de los hechos, en tanto y cuanto no solo suponen un gravísimo ataque a la libertad de expresión, si no que lo hacen en un contexto donde se impide el acceso a la prensa internacional, y, además, con el trasfondo sangriento de una de las peores matanzas políticas cometidas en los últimos años en América Latina, que únicamente las emisoras ahora cerradas fueron capaces de emitir al mundo sin corta pichas.
En principio, quería escribir este artículo a modo de comparativa entre la cobertura mediática que la prensa capitalista española dio al tema del –supuesto- “cierre” de RCTV en Venezuela, y la actual cobertura informativa dada en la actualidad a esta noticia sobre el cierre de emisoras en Perú. La comparación resultaba simplemente vergonzosa, aunque muy significativa desde el punto de vista del análisis de la manipulación informativa, y de la denuncia del cariz ideológico y políticos que tienen esos mismos medios que gustan llamarse “libres”, “democráticos”, “imparciales” e “independientes”. Recordemos simplemente, frente al silencio actual en el caso peruano, aquella enorme campaña mediática que se montó en contra del gobierno venezolano cuando en el año 2007 tomó la decisión de no renovar la licencia de emisión en el espacio radioeléctrico público a la cadena privada venezolana (que, además, había participado activamente en el Golpe de Estado de 2002), una decisión que fue comunicada por el gobierno venezolano varios meses antes de que caducase la mencionada licencia, y que generó un arduo debate tanto dentro como fuera de Venezuela. Editoriales de los principales diarios españoles criticando la decisión del gobierno venezolano y acusando al ejecutivo bolivariano de atentar contra la libertad de expresión, debates televisivos en casi todas las cadenas españolas, entrevistas a trabajadores y periodistas de RCTV, cobertura constante de las diferentes protestas de la oposición venezolana en contra de la medida, en fin, un sinfín de seguimientos mediáticos que acabaron por convertir el tema en todo un culebrón venezolano, en una supuesta lucha de los medios “libres” y “democráticos” a favor de la libertad de expresión, todo ello para que finalmente nos acabásemos enterando (no por esa misma prensa “libre”, obviamente), de que la emisora en cuestión podía seguir emitiendo libremente en Venezuela a través de las redes de Cable, con cobertura en todo el país y sin ningún tipo de traba por parte del gobierno venezolano. Es decir, durante más de dos años, RCTV, supuestamente “cerrada” por el gobierno venezolano, ha podido emitir libremente a través de las redes de cable del país sudamericano. Como digo, la comparación con el actual caso peruano, es simplemente vergonzosa, y el que quiera ver, que vea, que ya se sabe aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Ahora bien, resulta que a medida que iba dejando pasar los días para constatar en el medio plazo el silencio absoluto con el que los medios capitalistas españoles han abordado el tema de Radio Oriente y Radio La Voz, otra noticia de impacto ha saltado al foco de la actualidad mediática. Ni más ni menos que la retirada de RCTV-I (sic) de las redes de cable en la república bolivariana de Venezuela. Efectivamente, parece que la televisora “cerrada” ha vuelto a ser “cerrada” otra vez. Curiosa paradoja. “Los muertos que vos matasteis, gozaban de buena salud”, que diría el otro. El caso es que, sea como sea, RCTV ha dejado de estar presente en las redes de cable desde el pasado sábado a la noche, RCTV ya es historia en Venezuela. Obviamente, la prensa capitalista española ha dado cumplido seguimiento de la noticia a solo 24 horas de haberse producido:
Chávez cierra la cadena de televisión RCTV (Público)
Venezuela prohíbe de nuevo emitir a Radio Caracas Televisión (El País)
Venezuela deja sin señal al canal privado RCTV (La Razón)
Venezuela retira a Radio Caracas Televisión de la programación por cable (El Mundo)
Venezuela retira a Radio Caracas Televisión de la programación (ABC)
Cancelan la emisión por cable de la cadena venezolana RCTV (La Vanguardia)
Todo esto, como decimos, a solo 24 horas de la salida del aire de RCTV-I (sic). En los próximos días ya vendrán muchas otras como estas, no nos quepa la más mínima duda. La cobertura absoluta se pone en marcha. ¿Igualito que en el caso Peruano, verdad?
Lo más gracioso del asunto es que, a pesar de lo que digan los titulares arriba mencionados, no ha sido ni Chávez, ni Venezuela, quien ha sacado del aire a la cadena RCTV, sino las propias operadoras de cable venezolanas en cumplimiento de la legalidad establecida, una legalidad desafiada descarada y chulescamente por RCTV. El gobierno venezolano únicamente se ha limitado a exigir a las operadoras de cable que saquen de su programación a aquellas emisoras de televisión que hayan incumplido este mismo fin de semana la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), según la cual todas aquellas emisoras declaradas “nacionales” están obligadas a emitir en “cadena” aquellos mensajes que el gobierno de la nación considere oportunos para tales efectos, según determinan las leyes venezolanas desde mucho antes de que Hugo Chávez llegase al poder. Esta práctica, que Europa puede resultar chocante, es muy habitual en ciertos países de América Latina, y, consiste básicamente en que todas las televisiones y radios de un determinado país deben emitir obligadamente un mensaje del gobierno de la nación en directo. Para entendernos, lo mismo que ocurre en España con el mensaje navideño del Rey, pero obligado por la ley del país. Todo ello debido a la naturaleza pública del espacio radioeléctrico, lo cual dota al gobierno de autoridad legal sobre el mismo, y, entre otras cosas, como regulación y control del mismo, le permite hacer un uso de él para la emisión de mensajes oficiales del gobierno de turno. Como decimos, esto no lo ha inventado Chávez, y es algo común en muchos países de América Latina, además de ser una práctica habitual en Venezuela mucho antes de la llegada de Hugo Chávez al gobierno venezolano.
Pues bien, durante la semana pasada, el Gobierno Venezolano advertía que toda aquella televisora considerada legalmente como “nacional” estaba obligada a emitir las “cadenas” gubernamentales en directo, o se enfrentarían a la posibilidad legal de ser sancionadas con el cierre. No era una amenaza, si quiera una advertencia, sino un simple recordatorio de que las emisoras nacionales están obligadas a cumplir la legalidad vigente (como en cualquier otro país del mundo), o deberían hacer frente a las consecuencias legales que tal incumplimiento de la legalidad acarrearían. Este recordatorio iba especialmente dirigido a una serie de emisoras de televisión que venían emitiendo por las redes de cable bajo la auto-catalogación de “internacionales”, pero que el gobierno venezolano había considerado como “nacionales”, ya que, según la ley, sus contenidos eran en más de un 70% contenidos de producción venezolana. Esta revisión de la calificación de las emisoras abarcaba a 24 emisoras venezolanas, entre ellas la mencionada RCTV. El Ministro Cabello (director del Consejo Nacional de Telecomunicaciones) dijo que en el caso concreto de RCTV se determinó que el “94% de su producción es nacional, incluido el personal, programas y avisos publicitarios, y no internacional, por lo que debe aplicarse la Ley Resorte”. Con lo cual esta emisora, como el resto de las emisoras catalogadas como “nacionales”, estaba obligada a emitir las “cadenas gubernamentales”.
Sin embargo, en un claro desafío al gobierno, tanto RCTV como otras tres emisoras venezolanas decidieron este sábado hacer oídos sordos a los llamamientos del gobierno para que las leyes venezolanas fueran cumplidas, y optaron por no emitir la “cadena gubernamental” que ofreció el presidente venezolano con motivo de las celebraciones del 23 de Enero (día del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez en el año 1958). ¿Acaso de tanto apoyo cómplice que han tenido, en el mundo entero, los opositores que quebrantan la ley en Venezuela, se han acabado por creer que realmente están por encima de las leyes venezolanas?, ¿o acaso simplemente lo han hecho de manera premeditada para relanzar la campaña anti-chavista que tantos réditos les dio en 2007 a causa del tema RCTV?. Sea como fuere, el caso es que RCTV ha tenido la osadía de desafiar clara y chulescamente al gobierno venezolano, un claro gesto de menosprecio a la autoridad del gobierno y a las propias leyes que actualmente rigen en el ordenamiento jurídico de la República bolivariana de Venezuela.
Obviamente, ante un desafío de tal magnitud, la respuesta del gobierno no se hizo esperar. El mismo sábado el Ministro Cabello anunciaba que las operadoras de cable que tengan en su parrilla de canales emisoras que hubiesen incumplido la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), al no emitir la cadena gubernamental, debía ser sacadas del aire por las operadoras del cable venezolanas. "Canales que estén en la grilla de los operadores de cable deben cumplir con la ley", anunció el funcionario. Las cableoperadoras suspendieron entonces temporalmente cuatro canales de producción nacional por no cumplir con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión vigente, a una vez que emitían el siguiente comunicado justificando su decisión: "Es nuestro deber de velar por el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Hemos detectado que determinados servicios de producción nacional audiovisual no han cumplido con las normas impuestas por el ordenamiento jurídico vigente y por tanto los siguientes canales: American Network, America TV, RCTV y TV Chile, deben ser suspendidos temporalmente de la parrilla de programación hasta tanto den cumplimiento a la normativa legal vigente. Exhortamos a los referidos servicios de producción nacional audiovisual a dar cumplimiento inmediato a la ley y a la norma técnica, a fin de restablecer sus servicios en nuestra grilla de programación”.
Ergo, como ellas mismas reconocen, no ha sido Chávez, ni ha sido Venezuela quien ha sacado del aire a estos cuatros canales de televisión, sino las propias operadoras de cable en cumplimiento de los requerimientos gubernamentales para que la ley venezolana sea cumplida y respetada en Venezuela. Algo que es de esperar en cualquier Estado del mundo que se rija por un sistema democrático y de derecho, y que hubiese ocurrido exactamente igual en cualquier otro rincón del Planeta. Pero en Venezuela, lo que es norma en cualquier otro país, se convierte en escándalo por obra y gracia de la prensa internacional. ¿Acaso esperaban que el gobierno venezolano se bajase los pantalones ante el desafío de estas emisoras venezolanas, y no hiciese cumplir su propia ley?, ¿acaso esperaban que se quedase de brazo cruzados ante esta descarada falta de respeto a la autoridad y la ley venezolana llevada a cabo por estas cuatro emisoras venezolanas, y especialmente RCTV?, ¿tan acostumbrado están a bajarse ustedes los pantalones ante las arremetidas del imperio, que piensan que el mismísimo gobierno venezolano iba a hacerlo, sin más?, ¿en qué mundo viven?, ¿llegan a creerse tanto sus propias mentiras que de verdad piensan que los opositores pueden hacer lo que les da la gana en Venezuela y ni la ley ni nada puede pararlos?
No solo silencian cuando son gobiernos “amigos” quienes descaradamente, y esgrimiendo razones legales cogidas con alfileres, atentan contra la libertad de expresión y cierran (estos sí, cierran) televisoras y radios opositoras, sino que además lo hacen con el descaro y la poca vergüenza de lanzar toda una campaña mediática en contra de aquellos gobiernos “enemigos”, cuando son estos quienes (estos sí) en cumplimiento de sus propias leyes vigentes, toman decisiones similares. Lo que en Perú es silenciado, en Venezuela es lanzado con un altavoz inmediato, para colmo tratando de hacer pasar el caso venezolano como un ataque a la libertad de expresión, cuando la realidad es bien distinta: el único ataque que ha habido aquí es el de RCTV en contra de la legalidad venezolana vigente. Y además de una forma chulesca, barriobajera y prepotente.
Pero los medios capitalistas siguen a lo suyo: silenciando lo que no les interesa, y mintiendo, engañando, tergiversando y manipulando acerca de aquellas otras realidades que no son de su agrado, o de las cuales pueden sacar un buen rédito político y/o económico. Las prostitutas mediáticas continúan así con su labor servicial y lacaya al amo que les da de comer y les paga por sus guarradas informativas.
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